Mediante un fallo judicial, se desentrañó una compleja trama delictiva que operaba en torno a la manipulación de los programas sociales. La historia comienza con un mensaje telefónico amenazante, donde se advierte a una beneficiaria de un plan social, que su participación en el programa podría ser revocada de forma arbitraria: “Mirá que, así como la ingresó en el plan, la saca”. Este mensaje, que ilustra la coerción y el control ejercidos sobre los beneficiarios, fue el preludio de una investigación que reveló un entramado delictivo liderado por José “Jota” Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, conocido como “Pegua”, empleado del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y encargado de la “Sociedad de Fomento San Pedro” en Berazategui. Su actividad está vinculada a “Barrios de Pie” y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Estos individuos, acusados de integrar una asociación ilícita, operaban en la obtención y extorsión de personas vulnerables que recibían beneficios del programa Argentina Trabaja, luego unificado en el programa “Potenciar Trabajo”. Las condiciones impuestas por esta red eran muy severas: los beneficiarios “debían entregar la mitad de lo que percibían, asistir a manifestaciones y reclutar a más personas para el programa”. Aquellos que se resistían o intentaban abandonar el esquema “eran objeto de amenazas y extorsiones, como evidencia el testimonio recogido durante la investigación”. El modus operandi de esta organización era similar al utilizado por “chocolate” Rigau en La Plata. Utilizaban tarjetas de débito obtenidas de manera fraudulenta, reteniendo el control de las mismas y extrayendo dinero de las cuentas de los beneficiarios. Esta práctica, sumada a la manipulación psicológica y coerción, mantenía a las víctimas en un estado de dependencia y vulnerabilidad. Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la complicidad institucional que se reveló. La Sociedad de Fomento “San Pedro” en Berazategui se utilizaba como fachada para legitimar las actividades ilegales, ejerciendo un control absoluto sobre las personas reclutadas para las cooperativas de trabajo. La jueza a cargo del caso, Alejandra Provítola, destacó la vulnerabilidad de los beneficiarios, muchos de los cuales carecían de educación y recursos económicos. Estas condiciones fueron hábilmente explotadas por los acusados, quienes se aprovecharon de su situación desesperada para mantener su dominio sobre ellos. El fallo judicial, basado en pruebas contundentes y testimonios reveladores, determinó la prisión preventiva de los acusados. Sin embargo, este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión integral de los programas sociales, así como de medidas efectivas para prevenir y castigar la explotación de los sectores más vulnerables de la sociedad. La lucha contra la corrupción y el abuso institucional debe ser una prioridad para garantizar la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos.